Prado Salmón, según historiadores, no participó directamente en el asesinato del mítico revolucionario, pero sus declaraciones y actitudes posteriores lo ubican del lado de quienes cometieron el horrendo crimen de La Higuera, el 9 de octubre de 1967.

El fiscal Marcelo Sosa explicó que ahora, el ex oficial y su hijo, del mismo nombre, deberán responder por presuntos vínculos con una banda de paramlitares, neutralizada el 16 de abril de 2009, en el Hotel Las Américas (Santa Cruz), liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, abatido en el operativo policial.
En esa acción también murieron los mercenarios Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés).

Dos días más tarde, fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elod Tóásó (húngaro), quienes están en prisión preventiva en la ciudad de La Paz, también acusados de planes separatistas y de atentar contra la vida del presidente Evo Morales y de otros de sus colaboradores.

Según publicó el diario cruceño de derecha El Día, y que recordó también un artículo del periódico cubano Granma (29 de enero de 2010), el vínculo del militar retirado con el croata-boliviano lo aportó otro de los involucrados en el plan para dividir Bolivia ante un juez federal de Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones del ex gerente del Comité Pro Santa Cruz, Lorgio Balcázar, a mediados de octubre del 2008 recibió la orden de Carmelo Paz, gerente de la
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) para participar en una reunión en la casa del general retirado Prado Salmón.

En esa cita participaron el abogado Alejandro Melgar, el ex militar Lucio Áñez y Luis Orlando Justiniano, los tres también involucrados en la investigación del caso.
Balcázar afirmó además que en ese encuentro acordaron crear el llamado "consejo consultivo para la defensa de Santa Cruz" y que hubo varias reuniones posteriores y que en varias de ellas participó Rózsa Flores, identificándose como Luis Hurtado.
Para este viernes, Prado Salmón y su hijo, también sospechoso de mantener relaciones con el grupo terrorista, deberán exponer ante los fiscales su relación con la banda.

En particular, deberán referirse a las evidencias sobre el interés por realizar un estudio a fondo de la situación militar y operativa del país andino, sobre todo en la región de Santa Cruz, y recabar información sobre los pozos petroleros, las refinerías, las carreteras, puentes, ríos, con el claro objetivo de aislar a esa región del resto de la nación suramericana.

La víspera, el fiscal Sosa acusó además a Hugo Vázquez, jefe de comunicaciones de la empresa de telecomunicaciones de Santa Cruz, COTAS, por presunta relación con la entrega al grupo de Rózsa Flores de modernos equipos.

También el pasado 1 de febrero, Sosa imputó oficialmente al ex dirigente cívico cruceño y empresario aceitero Branko Marinkovic.

Los investigadores aseguran tener evidencias de que Marinkovic tuvo algún vínculo con el grupo paramilitar.
Marinkovic, según el Ministerio Público, fue mencionado en las declaraciones recepcionadas por la comisión de fiscales, junto al ex prefecto de Santa Cruz Rubén Costas, como los presuntos financiadores de los extremistas.

Poco a poco, los más connotados oligarcas y ex militares bolivianos van mostrando su verdadero rostro, ante una justicia de nuevo tipo que no descansará hasta verlos sancionados por los delitos de lesa humanidad con los que pretendieron desestabilizar al gobiernó progresista de Evo Morales.

Por el momento, solo queda esperar que otra fábula se le ocurre mañana al discípulo de los boinas verdes de Estados Unidos y autor del mal llamado libro Cómo capturé al Che.