El vicepresidente del país y máxima autoridad en la Asamblea Legislativo Plurinacional, Álvaro García, explicó que, una vez aprobada, la norma enjuiciará con la misma rigurosidad a quienes se aprovecharon de los recursos del estado, lo hacen actualmente o se atrevan en el futuro.

En declaraciones la víspera a la red estatal Radio Patria Nueva-Bolivia TV, García señaló además que con esa medida se acabará con la idea de que el gobierno es una fábrica de nuevos ricos y sancionarán con severidad a quienes pretendan desviar fondos públicos para beneficio personal.

"Esta es una ley que defiende al Estado, defiende a la sociedad, es muy contundente, es muy fuerte, es muy drástica, pero solamente así se puede dar una señal para que el comportamiento y la mentalidad de la gente cambien", remarcó.

Esa norma establece los procedimientos destinados a prevenir, investigar, procesar, sancionar y recuperar el patrimonio del estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes, así como los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos.

También señala el principio de imprescriptibilidad, es decir, la no extinción de los derechos y acciones que tiene el estado, por el transcurso del tiempo, en los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Además la norma desconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y tiene carácter retroactivo.

García acotó que quien robe al estado debe ser considerado un criminal y a su vez ser sancionado, sin importar la militancia política.

El legislativo también deberá analizar esta semana una ley transitoria sobre la elección de las autoridades del poder judicial, agregó.